Norma Morandini – Proyecto: Cultivos en tierras militares, recursos naturales en peligro

La H. Cámara de Senadores de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda sobre las siguientes cuestiones vinculadas con las actividades agropecuarias que se desarrollan en establecimientos asignados en uso a las Fuerzas Armadas:
Sobre el Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Defensa de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 12/7/2013.
¿Cuál ha sido el resultado del relevamiento de la producción física y económica de los sistemas agroproductivos en los establecimientos de las Fuerzas Armadas? Adjunte copia del informe.
¿Qué mejoras se han realizado hasta la fecha en la producción y productividad agropecuaria de los establecimientos de las Fuerzas Armadas? Precise en qué términos fue modificado el modelo de producción que se implementaba con anterioridad al Convenio.
¿Qué actividades de capacitación para el personal afectado a tareas productivas en los establecimientos de las Fuerzas Armadas se desarrollaron hasta la fecha?
¿Qué Convenios Específicos se suscribieron desde julio de 2013 a la fecha y cuál es la naturaleza de las acciones previstas en dichos acuerdos? Indique si existen nuevos Convenios en estudio y para qué actividades se han proyectado.
¿Cuál es el mecanismo de supervisión y transparencia implementado por el Ministerio de Defensa para controlar los aspectos vinculados con la comercialización de la producción agropecuaria en los campos bajo su uso? Detalle cómo se fija el rinde, la calidad, los volúmenes obtenidos y todos los aspectos que hacen a la fijación de precio de los productos agropecuarios en cada uno de los establecimientos involucrados en el sistema.
Sobre la Reserva Natural Militar La Calera, en la provincia de Córdoba:
¿Ha participado el Comité Ejecutivo del Convenio Marco Nº 100/07 entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales en las decisiones conducentes a la aplicación del Decreto Nº 1382/12 y en el caso particular del predio declarado Reserva Natural Militar La Calera? Precise si el Comité informó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que dicho predio fue integrado al patrimonio natural de la Nación mediante el Protocolo Adicional N° 05 al Convenio Marco y, por tanto, se encuentra excluido de su competencia.
¿Ha concluido el Comité Ejecutivo la formulación de la “Guía para la elaboración de Planes Rectores para las Reservas Naturales de la Defensa” y, en consecuencia, ha formulado el Plan Rector para la Reserva? En ese caso, remita copia de ambos instrumentos de planificación y valorización del área.
¿Por qué razón se ha desestimado el principio precautorio consagrado en la Ley General del Ambiente Nº 25675 y se consideró admisible la producción agropecuaria en un área protegida al autorizar la celebración de contratos de arrendamiento destinados a dicha actividad? Detalle cuántos de estos contratos están vigentes en la RNMLC y remita su contenido.
¿Qué medidas se han dispuesto a fin de minimizar los efectos negativos que provocan las tareas agropecuarias y que atentan contra el equilibrio ambiental de esta área protegida? En el mismo sentido, ¿qué recaudos se adoptaron a fin de no vulnerar la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal Nº 3 sobre el predio de la RNMLC por “Averiguación de enterramientos clandestinos”, que establece la prohibición de alterar su topografía, suelo y/o subsuelo?
¿Cuál es el monto total recaudado a la fecha por los contratos vigentes vinculados a explotaciones agropecuarias en la RNMLC? Precise el destino de esos fondos.
¿Se ha previsto desarrollar explotaciones agropecuarias en la RNMLC en el marco del Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Defensa de la Nación y el INTA?
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En los últimos años, el Estado ha arrendado a productores privados miles de hectáreas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército Argentino, para la actividad agropecuaria. En la gran mayoría de estos casos las adjudicaciones de tierras con fines agropecuarios eran efectuadas a grandes “pooles de siembra” que bajo diferentes formas societarias, especialmente fondos fiduciarios, constituyen una competencia desigual para los pequeños y medianos productores a la hora de la licitación pública de esos predios.
Entre los casos más emblemáticos de la adjudicación a grandes pooles de siembra, la Federación Agraria denunciaba en 2008 los siguientes:
“Haras General Paz” (General Ordoñez, Cordoba), son 12.300 hectáreas pertenecientes al Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, ubicadas sobre la Ruta Provincial 6, a 200 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Pese a que La Remonta tiene un área de casi 10 mil hectáreas que son aptas para la siembra, sólo hay un productor auténtico de la zona que posee 193 hectáreas, el resto ha estado en los últimos años en manos de grandes pools y fondos fiduciarios.
Haras General Urquiza (Entre Ríos) donde el Estado también arrienda campos que pertenecen al Ejército para la siembra y cosecha de soja, desde 2003.
“Haras General Lavalle” (Tandil, Buenos Aires) las Fuerzas Armadas también disponen año a año el arrendamiento de parcelas pertenecientes al que conforman un predio total de aproximadamente 2.000 hectáreas ubicadas en el cruce de las rutas provinciales 30 y 74, que habían sido históricamente utilizados para la cría de caballos para el Ejército.
“Campo de Mayo” (San Miguel, Pcia. de Buenos Aires)
Los registros de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, indican que en 2004 se destinaron 8.880 hectáreas pertenecientes al Ejército para el cultivo exclusivo de soja o para cultivos mixtos, en 2005 esa cifra fue de 4.290 hectáreas, en 2006 ascendió a 5.251 hectáreas, un año después 6.683 hectáreas fueron alquiladas con el mismo fin y para el 2008 las cifra había vuelto a crecer a las 8.500 hectáreas, repartidas entre cultivos de soja y mixtos. También en los predios de la Fuerza Aérea se verificaban actividades agroganaderas, pero en tanto poseen menor cantidad de hectáreas en comparación con el Ejército, estas cifras resultaban insignificantes.
En este contexto, y luego de la fallida “Resolución 125”, el Ministerio de Defensa emitió en 2009 la Resolución 367/09, mediante la cual se prohibía el cultivo de soja transgénica en predios pertenecientes a las FFAA en zona urbanas y semiurbanas así como en adyacencias de barrios e instalaciones militares. En el caso de los contratos vigentes hasta ese momento, la nueva medida instruía a renegociar con los arrendatarios la reducción de la siembra e imponía a cada Fuerza el deber de informar mensualmente la evolución en la sustitución de la producción agrícola.
En 2010, una nueva Resolución ministerial -Nº 611- derogó la anterior prohibición y estableció un procedimiento “para un producción agrícola sustentable”, basado en la “rotación de cultivos y en técnicas conservacionistas de manejo”. Tres años después, en julio de 2013, el Ministerio de Defensa firmó el Convenio N° 48 con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el objeto de establecer un marco de cooperación técnica y capacitación a fin de relevar las producciones físicas y económicas de los sistemas agroproductivos y efectuar propuestas para la mejora de la producción y productividad agropecuarias en establecimientos de las Fuerzas Armadas.
Por entonces, manifestamos nuestra preocupación por el destino que tendrían las tierras fiscales en uso militar luego de la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ese poderoso organismo, dependiente de la Jefatura de Gabinete, capaz de donar o vender nuestro patrimonio tan sólo a voluntad de sus autoridades. A la par, alertábamos sobre la necesidad de controlar a esas flamantes “unidades de producción agropecuaria” para que en nombre de la rentabilidad financiera no se atentara contra el ambiente y la diversidad biológica de esos predios, distribuidos en cada región de nuestro país. Creíamos necesario señalar las contradicciones entre el modelo productivo que demonizaba el Gobierno en sus discursos y el que impulsaba en la práctica.
Un año después, los datos aportados por el Ministerio de Defensa a un pedido de acceso a la información pública presentado por el diario La Nación confirman aquellas advertencias: en la última campaña -2013/2014- se sembraron con soja casi el 72% de los campos de las Fuerzas Armadas, 13.357 hectáreas sobre un total cultivado de 18.639 en tierras localizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Fueron destinadas al cultivo de maíz 3876 hectáreas y el resto, 1406 hectáreas, se reparte entre trigo, girasol, sorgo y cebada.
Las cifras revelan el contrasentido de replicar un modelo productivo -el monocultivo sojero- bajo el amparo de un Convenio con el INTA que impone lo contrario. Sin embargo, resulta aún más alarmante que nuestro patrimonio natural, declarado en tierras de las Fuerzas Armadas, también continúe sometido a producciones agropecuarias que sin dudas vulneran su condición y atentan contra los recursos que nos comprometimos a proteger.
En 2007 el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el fin de preservar los recursos naturales que poseen muchas tierras en manos de las Fuerzas Armadas. Aquel acuerdo, basado en el compromiso asumido por nuestro país al firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica para incrementar en un 10% hasta 2015 la superficie de áreas protegidas, dio origen a las categorías de “Espacios Naturales de Interés para la Conservación” (ENIC) y de “Reservas Naturales Militares”. En virtud de ese acuerdo, nos hicimos eco de las demandas de la ciudadanía cordobesa y de un grupo de asociaciones civiles y solicitamos la incorporación de dos valiosas superficies localizadas en la Provincia de Córdoba a integrar ese patrimonio. Así fue como el Comité Ejecutivo de dicho Convenio declaró a los predios del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército como Reserva Natural Militar La Calera en el año 2009 y a los de la Guarnición Aérea Córdoba, en Ascochinga, como Espacio Natural de Interés para la Conservación, etapa previa a la declaración de Reserva, en 2012.
Excluidas del ámbito de competencia de la AABE, por su carácter de patrimonio natural, las tierras de la Reserva Natural Militar La Calera deben someterse a las decisiones del Comité de Gestión Local, conformado por representantes del Ejército Argentino y de la Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, a cinco años de su declaración como área protegida, aún no se ha diseñado el Plan Rector que garantice la efectiva preservación de sus recursos e inhabilite otro destino que el ya consagrado para ese predio. Por tal razón y ante la ausencia de normas de planificación en el área, apelamos al Poder Ejecutivo a fin de conocer las razones por las cuales se desestimó el principio precautorio que establece nuestra Ley General del Ambiente Nº 25675 y se adoptó la decisión de celebrar contratos de arrendamiento destinados a la producción agropecuaria en un área protegida, tal como el propio Ministerio de Defensa informó a un Pedido de Acceso a la Información Pública que presentamos en diciembre de 2013. En el mismo sentido, consultamos sobre las medidas desarrolladas a fin de minimizar los efectos negativos que provocan las tareas agropecuarias y que atentan contra el equilibrio ambiental del predio. Cabe destacar que en esas tierras, incluidas todas las fracciones sobre las que existen contratos agropecuarios y ganaderos, pesa la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal Nº 3 por “Averiguación de enterramientos clandestinos”, que establece la prohibición de alterar su topografía, suelo y/o subsuelo. Resulta por lo menos llamativo que se permita sembrar trigo sin vulnerar la medida judicial dictada en el marco de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Una paradoja que expone de manera descarnada lo que aún resta: un gran debate público sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de democracia. Todavía debemos responder si queremos que sean pragmáticos subastadores de soja o verdaderos custodios de nuestros recursos naturales.